Recortes en la Educación pública de Castilla-La Mancha

El 1 de septiembre, cuando la mayoría de docentes nos incorporamos a nuestros puestos de trabajo en Castilla-La Mancha, los centros de educación infantil, primaria, secundaria, las escuelas de artes y de idiomas llevaban semanas, incluso meses, organizando el curso escolar. Ya se habían producido las adjudicaciones provisionales de interinidades en enseñanzas medias; definitivas en el caso de infantil y primaria. Me consta que en el instituto en el que trabajo, por su volumen de alumnos y profesores, el equipo directivo trabajó también durante el mes de agosto.
 Fue uno de los últimos días de ese mes cuando el gobierno de la JCCM, adelantándose a la reforma constitucional pactada por los dos grandes partidos de ámbito estatal, presentó el “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos”, publicitado como una estrategia de ahorro para 2012 de 1815 millones de euros (1718 de menos gasto y 97 de mayores ingresos). Además de la desaparición de órganos de control tales como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Económico y Social, tres medidas principales incidían directamente sobre el sistema educativo público bajo el epígrafe “Optimización del gasto del personal docente” (ahorro de 137 millones de euros): el aumento de dos horas lectivas semanales para todos los docentes, la reducción de los centros de profesores de 33 a 1, y la eliminación del abono en concepto de vacaciones de julio y agosto para sustituciones de más de 5 meses y medio.
Confiados en que la primera de las medidas no entraría en vigor para este curso, dado que implicaba prescindir del 10% de la plantilla, adaptar la programación general al personal restante y otros  muchos efectos colaterales, durante la primera semana de septiembre continuamos con la asignación de materias, guardias, talleres, proyectos, programas, etc. En definitiva, la preparación del curso transcurrió hasta el día 7 como siempre. A una semana del comienzo de las clases no había margen para grandes cambios. Pero a media mañana, ese día, víspera de sendas fiestas patronales en Ciudad Real y Talavera de la Reina, todos los centros educativos no universitarios de la región recibieron mensajes y llamadas telefónicas de la Consejería de Educación, que les instaba a una reducción drástica y exprés del profesorado, viéndose los equipos directivos (además de despreciado su trabajo previo) entre la espada y la pared al tener que decidir en cuestión de horas qué plazas mantenían y cuáles no, muchas de ellas ya con rostro y voz.
Caos, confusión y desorden son palabras que podrían describir lo que desde entonces viene aconteciendo en la educación pública. Alrededor de 1000 trabajadores de la enseñanza, después de haber obtenido un destino provisional en muchos casos, de un día para otro y sin opción de negociar, se quedarán en la calle durante este y probablemente varios años más. Este conflicto, el puramente laboral, es uno de los dos efectos originados por estas repentinas decisiones políticas (además hay serias dudas sobre la legalidad del aumento del horario de docencia directa antes de que se haya publicado el decreto en el DOCM). La otra consecuencia es el deterioro del sistema educativo público castellano-manchego, que ya venía sufriendo severos recortes presupuestarios en los últimos años pero que ahora da un paso de gigante hacia el empobrecimiento. A las dificultades para llenar el depósito de gasoil de la calefacción y pagar a los proveedores se suma un déficit de profesionales que el aumento de dos horas lectivas está lejos de suplir. Es más, muchos ya contábamos en nuestros horarios con 19, 20 o 21 horas lectivas, no siendo ésta la causa de nuestro malestar. Estaríamos dispuestos a trabajar más horas si con ello no se consumara el mayor ERE en la historia de Castilla-La Mancha y se degradara la calidad de la educación.
Si no paramos esta embestida a partir de ahora tendremos que acostumbrarnos a ver a profesores de Educación Física enseñando Matemáticas o de Electrónica impartiendo Orientación Laboral. Volveremos a contemplar clases de hasta 40 alumnos y una importante disminución de apoyos a alumnos con necesidades especiales, agrupamientos flexibles, desdobles y otras medidas orientadas a atender la cada vez mayor diversidad existente en las aulas. Las actividades extracurriculares se verán mermadas porque no habrá suficientes profesores para cubrir las guardias. Y se perderán en muchos casos proyectos de intercambio, programas de refuerzo o talleres de recreo que vienen demostrando su eficacia en términos educativos.
Igualmente que otras enseñanzas, se verá afectada la Formación Profesional, promocionada y prestigiada por la comunidad educativa en los últimos años y que ha sido calificada por el consejero de Educación como el lugar para los “alumnos pasivos”, a diferencia de la “enseñanza de calidad para los que quieran aprender”, lo cual hace un flaco favor a este tipo de estudios, por los que incluso venían optando cada vez más titulados universitarios para completar su formación técnica, y que para países como Alemania suponen la base de su economía, estando España a la cola de la UE en inversión en este campo.
Me he centrado en la primera de las medidas, pero la eliminación de los centro de profesores, que proporcionan gratuitamente la formación obligatoria para los docentes y acercan las nuevas tecnologías a numerosas pequeñas localidades, no se sostiene sobre ninguna base teórica y supone un ahorro muy pequeño, añadiendo más interinos a las listas del paro para el próximo curso y conduciendo probablemente a una privatización de la formación permanente del profesorado.
También el próximo año los recortes se verán de manera más nítida entre los maestros de educación infantil y primaria. Para este curso no se han suprimido muchas plazas porque la adjudicación de vacantes estaba cerrada antes de hacerse públicas las medidas. Lo que sí se ha visto afectado de manera muy directa es el prestigioso programa bilingüe conjunto entre el Ministerio de Educación y British Council, en marcha desde el año 96 y presente en siete localidades de la región, ya que la Junta no contratará a los 25 profesores necesarios para llevarlo a cabo como hasta ahora.
Cuando ya nadie podía esperar otro golpe ante el inminente inicio del curso, el día 13 de septiembre, hubo una nueva exigencia de reestructuración de la plantilla de algunos centros por parte de la Consejería. También se ha obligado a matricular a alumnos una vez los grupos estaban cerrados, lo que desbordará algunas clases. Hoy, día 15 de septiembre,  comienza oficialmente el curso en Secundaria, aunque a la mayoría de centros educativos les ha sido completamente imposible la elaboración de horarios. Los “afortunados” interinos a los que dos días antes les habían adjudicado vacantes, se están presentando en sus nuevos centros. Algunos de ellos están siendo informados de que esas plazas no existen ya que se han concedido sobre un cupo erróneo, lo que aumenta la indignación. A la vez, numerosas asambleas de centro, locales, provinciales, que pretenden incluir a padres, madres y estudiantes, comienzan a organizarse para frenar los recortes. Todo está en el aire y es necesaria la presión de toda la sociedad para frenar esta agresión a la escuela pública. No están ayudando a ello los medios de comunicación que propagan falsedades, como que los docentes solo trabajan 18 horas (obviando las tutorías, atención a padres, reuniones de coordinación, preparación de clases y prácticas, evaluaciones… así hasta 35 horas estipuladas por ley semanales), sin el menor sonrojo o crítica, o directamente atacan y desprestigian al profesorado con tal de justificar las medidas adoptadas por diferentes gobiernos regionales.
Nuestros gobernantes deberían ampliar las miras y la imaginación para detectar qué otras partidas pueden recortarse o dónde pueden hallarse nuevos ingresos, si consideran inaplazable atajar el déficit, sin necesidad de menguar los servicios públicos que afectan a derechos constitucionales y humanos ni hacer pagar la crisis a colectivos que nada han tenido que ver con su origen. Para lo que no hace falta tener mucha imaginación es para vislumbrar las consecuencias a medio y largo plazo que el deterioro de la educación pública, principal sustento de la equidad social, tendrá para nuestra región. Esto solo ocurrirá si lo permitimos. Y muchos no estamos dispuestos a hacerlo.

Escrito por Alfonso Sánchez Ramírez
Profesor Técnico de FP en el IES  “Juan Antonio Castro” de Talavera de la Reina
Valdepeñas (Ciudad Real)
Voluntario de EMIS
Publicado en http://www.e-ciudadreal.org

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